La Iglesia acusa al Ayuntamiento de Córdoba de dividir a la población y atacar a los católicos

(ADI).- El Cabildo de la Catedral de Córdoba, en España, ha rebatido en un comunicado las conclusiones de una comisión de expertos que aseguran que “el Ayuntamiento de Córdoba tiene legitimidad para actuar en contra de la inmatriculación de la Mezquita-Catedral en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio, considerando además que se han lesionado los intereses generales de la ciudadanía cordobesa”.

Una comisión municipal, con el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza al frente, asegura que “la Iglesia Católica no es propietaria del conjunto de la Mezquita-Catedral ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica”.

El documento fue presentado el sábado en el Ayuntamiento, en un acto en el que participaron la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, además de Mayor Zaragoza.

El Cabildo de la Catedral, sin embargo, recuerda en una primera valoración que “numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236”, tras la conquista de Córdoba, y que desde entonces es la Iglesia quien gestiona el edificio y se responsabiliza de su conservación y mantenimiento “si bien colaborando” para ello con las administraciones, “dada su condición de bien de patrimonio histórico”.

“Llama la atención que este documento incida en que el Ayuntamiento puede reclamar la propiedad del templo cuando un informe de la asesoría legal del propio consistorio reconoce que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba”, añade el comunicado. “Además, el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236, y desde entonces, ha sido poseída”.

También la Comisión se pronunció en 2016 reconociendo a la Iglesia como titular y señalando que “no existe base legal para intervenir”, subraya el cabildo. Tampoco el nuevo informe aporta “argumentos jurídicos que avalen la tesis que sostiene que el templo era de propiedad pública y basa sus conclusiones en argumentos puramente ideológicos”.

Por tanto, “el Cabildo Catedral hace un llamamiento a la responsabilidad a los políticos e instituciones para que no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba, que tiene derecho, como toda comunidad católica en cualquier parte del mundo a tener su propia catedral como lugar referente de culto de toda la comunidad diocesana”.

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