La cementera francesa Lafarge pagó 13 millones de euros entre 2012 y 2014 a grupos yihadistas

(ADI).- Tras dos años de investigación, la Justicia francesa imputó este jueves a la cementera Lafarge por “complicidad de crímenes contra la humanidad” en Siria. La empresa francesa está acusada de haber pagado 13 millones de euros entre 2012 y 2014 a grupos yihadistas armados, entre ellos el Estado Islámico, para mantener activa la producción de una planta de cemento en Jalabiya (norte de Siria) en plena guerra.

El dinero podría haber beneficiado a grupos armados yihadistas que controlaban el territorio del norte de Siria, donde se encontraba la planta de cemento de Lafarge.

La cementera, filial del grupo franco-suizo LafargeHolcim, también es acusada de violar el embargo, financiar una organización terrorista y de poner en peligro la vida de sus ex empleados en Siria al no garantizar su seguridad.

Los jueces franceses impusieron a Lafarge un control judicial y tendrá que pagar una fianza de 30 millones de euros, según informó la prensa francesa.

Lafarge anunció que apelará dicha imputación, pero reconoce “una violación de las reglas de conformidad interna” por parte de personas que ya dejaron el grupo.

La imputación de la empresa, una de las líderes del sector cementero en el mundo, se suma a la de ocho de sus directivos, incluido el ex presidente Bruno Lafont.

La ONG Sherpa y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos (ECCHR), que estuvieron en el origen de las acusaciones contra la cementera, consideraron “una decisión histórica” sentar en el banquillo de los acusados a Lafarge.

Sherpa y EECHR destacaron que es la primera vez en el mundo que se produce que la inculpación de una empresa matriz por complicidad de crimen contra la humanidad, lo que supone “un paso decisivo hacia delante en la lucha contra la impunidad de las multinacionales que operan en zonas de conflicto”.

Estas ONG han exigido a Lafarge que asuma sus responsabilidades y cree un fondo de indemnización para los antiguos empleados por daños morales y materiales.

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