La nueva ley iraquí sobre el estado civil de las personas es ‘similar a la de Daesh’

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(ADI).- Personalidades políticas y organizaciones locales en defensa de los derechos humanos critican enérgicamente algunas enmiendas efectuadas a la ley sobre el estado civil de las personas, con las cuales se corre el grave peligro de que el país quede sometido a la sharia. Se trata de enmiendas efectuadas a la ley del año 1959, aprobada tras la revolución del 14 de julio de 1958, en la época del gobierno de Abdel Karim Kassem, considerada, en aquél entonces, una de las leyes más avanzadas en materia de derechos de la mujer y de la infancia.

El proyecto de ley con las enmiendas fue aprobado por el Parlamento iraquí “en primera instancia” hace una semana, cuando la opinión pública estaba distraída con la crisis del Kurdistán. Según ciertas personalidades, Irak en apariencia se ha liberado de Daesh, pero la mentalidad islamista se difunde en la legislación, violando los derechos de las mujeres, de la infancia y de los no musulmanes (en particular, de los cristianos y sabeos).

En el momento de la votación, quince diputados contrarios al proyecto abandonaron el parlamento para impedir que se alcanzara el quórum, faltando el número de legisladores presentes requerido.

La ley de 1959 había funcionado bien o mal durante décadas. En el 2003, por primera vez, esta fue puesta en discusión por el “Consejo de Gobierno” instituido por el liberador/ocupante americano, con el decreto número 137 aprobado el 29 de diciembre de 2003. Ese día, el Consejo presidido por Abdelaziz Al Hakim promulgó el decreto 137, que en su primer apartado sancionaba “la necesidad de aplicar la sharia islámica en lo que respecta al matrimonio, la dote, los contratos matrimoniales, la herencia, los divorcios, la custodia de los hijos…”. El segundo apartado sancionaba “la anulación de cualquier ley contraria a los contenidos del primer apartado”. En aquel entonces, el decretó provocó numerosas críticas en Irak y en el exterior, al punto que finalmente Paul Bremer tuvo que anularlo. Pasados 14 años, los islamistas iraquíes (sunitas y chiitas) intentan, una vez más, hacer aprobar esta ley.

A primera vista, aparenta ser un texto inocente y liberal, pero en la primera y en la última enmienda se hallan los mismos apartados 1 y 2 del decreto del año 2003. En el mismo se afirma: “Está permitido a los sujetos sometidos a estos dictámenes, efectuar un requerimiento al Tribunal del estado civil competente, para hacer aplicar los dictámenes de la sharia inherente al estado civil, según la confesión de pertenencia”, mientras que el último artículo, el número 9 (el número 10 solo se refiere a la entrada en vigor de la ley) establece que “no es aplicable ninguna otra ley que esté en contradicción con la presente”.

Y esto, a pesar del artículo 41 de la Constitución iraquí que establece que “los iraquíes son libres de cumplir con el estado civil según su religión, confesión, creencia o elección, y esto está regulado por la ley”.

En la práctica, es un intento de pasar las cuestiones relativas al estado civil a los Awkaf –como sucedía en la época del Imperio Otomano, convirtiendo a los no musulmanes en ciudadanos de segunda clase– o a los tribunales religiosos, en un país donde el segundo artículo de la Constitución dice que “El islam es la religión oficial del Estado y la fuente fundamental de la legislación”.

Rizan Sheikh Dler, diputada iraquí y miembro de la comisión “Mujer, familia e infancia” afirma: “Se trata de un desastre para las mujeres”. Y agrega: “La aplicación de esta ley nos recuerda el trato de Daesh con las niñas, cuando obligaba a las menores a casarse con sus militantes mientras estaban en Mosul y en Siria”.

El texto de la ley no lo dice explícitamente, pero inspirándose en la sharia, establece que la edad mínima para contraer matrimonio, en el caso de las niñas, es los 12 años (idéntico para las confesiones Jaafarista y para los salafistas sunitas). Algunos defensores de la ley dicen que “los matrimonios con menores suelen darse en la vida cotidiana, pero no son registrados oficialmente hasta que se alcanza la edad legal”. Otros subrayan que no se puede “prohibir el matrimonio con una menor en una sociedad de creyentes”.

Otra preocupación con respecto a la introducción de la ley islámica surge de cuanto afirma la diputada Farah El Siraj de Mosul, para quien con la nueva ley “el país se retrasa 100 años”, remontándose a la época del Imperio Otomano. “La nueva ley –dice El Siraj– obliga a la mujer divorciada a mantener la custodia del hijo varón [solo] hasta los dos años de edad”, y “a las niñas se les permite casarse a la edad de 12 años”. Para ella, insistir en la aplicación de esta ley “es contrario al derecho internacional y a los derechos humanos… y tiene como objetivo contentar a los fanáticos religiosos y ganar sus votos”. Para El Siraj, esta ley es similar, en los efectos, “a la ley aplicada por Daesh en las zonas recientemente liberadas”.

La activista demócrata Majida Al Jburi ve no solo una violación de los derechos de las mujeres y los menores, sino también y sobre todo una discriminación contra los hombres y mujeres no musulmanes, y cita como ejemplos “la prohibición de que los no musulmanes hereden de un musulmán; permitir a los musulmanes que hereden de los no musulmanes; considerar que los hijos son musulmanes por ley, si uno de sus progenitores es musulmán; la prohibición de que los no musulmanes tengan la custodia de los hijos varones musulmanes; la prohibición de que los musulmanes se casen con no musulmanes”. En lo que concierne a la cuestión de los testimonios, “el rechazo del testimonio de los no musulmanes” y la “no validez de los testimonios dados por no musulmanes en relación a los testimonios dados por musulmanes”, mientras que en el caso de las mujeres musulmanas “tienen prohibido testificar, excepto en casos muy raros”.

El diputado cristiano iraquí Josef Salyoa ha pedido al Parlamento que escuche la “voz de la gente en las calles” y ha condenado el bombardeo llevado a cabo por el Parlamento para aprobar las enmiendas a pesar de carecer del número de legisladores requeridos por ley.

El filósofo iraquí Abdel Khalek Hussein considera que la nueva ley es “un crimen contra los derechos de la infancia” y ha hecho un llamamiento a todas las fuerzas democráticas y laicas del país, para que firmen una petición y apelen ante el Tribunal Supremo Federal iraquí, para pedir que se proceda a la anulación de la nueva ley, porque esta es inconstitucional.

(Fuente: AsiaNews)

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