Hacia la ley marcial en Bahréin

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(ADI).- El Parlamento de Bahréin (Consejo de los Representantes) aprobó, por 31 votos a favor y 1 en contra, una ley para el cambio constitucional cuyo primer borrador fue presentado hace solo 16 días. El resultado de la modificación del artículo 105b de la Constitución (que se aprobó solo en el año 2000) es la siguiente: a partir de ahora los tribunales militares podrán juzgar a civiles acusados de “dañar el interés público” o sospechosos de “terrorismo”, delito que en el país tiene una definición muy amplia, casi coincidente con la pura oposición política. La ley ahora será sometida al examen de la Shura, el consejo político-religioso, formado por los miembros designados por el rey, que pondrá su propio sello.

En resumen: Bahréin introdujo la ley marcial. Esto sucede en un país donde, desde el 2011, la justicia se administra de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno de salvación nacional que, incluso según la Comisión Independiente de Investigación establecida por el propio rey, llevó “a la suspensión de los principios fundamentales de un juicio justo, empezando por el derecho a la asistencia jurídica y la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas bajo coacción”. Desde el 2011 hasta el presente, al menos 300 intelectuales, activistas de los derechos humanos y opositores fueron condenados a penas que oscilan entre cinco años de prisión y cadena perpetua, si no a la muerte, de acuerdo con los protocolos del Gobierno de salvación nacional. Pero al parecer no fue suficiente: ahora serán los militares los que juzguen a los civiles.

¿Por qué todo empezó a partir del 2011? Debido a que en ese año, al igual que sucedió en Túnez, Egipto, Siria y Marruecos, y dos años antes en Irán, Bahrein también tuvo su primavera. Inevitable, por otra parte, en un país donde los chiítas son una mayoría relativa, pero son aplastados por una monarquía autoritaria sunita, la de los Al Khalifa. Un hecho que se repite con los trabajadores extranjeros, explotados y mal pagados, que forman el 50% de los casi 1,5 millones de habitantes. Se trata de un país en el que el petróleo sostiene todo con la condición de que no se hable de los derechos civiles.

Para aplastar la protesta de los ciudadanos, que reclamaban solo un poco de democracia, el rey de Bahréin pidió ayuda a Arabia Saudita, que no se hizo de rogar: envió al ejército con tanques, mató y encarceló a una gran cantidad de personas y luego se retiró, satisfecho con el trabajo realizado. Obviamente, dejó la responsabilidad de perfeccionar la represión al Gobierno de salvación nacional.

Cabría pensar que los países occidentales, tan apasionados como están con su idea de democratizar el mundo, alzaran la voz ante un rey que abrió fuego sobre los manifestantes, con la ayuda de un ejército extranjero. Nada más lejos de la realidad. Nadie se permitió criticar a Al Khalifa. Es más, Barack Obama sonrió benévolo y el Reino Unido aplaudió la medida. Londres es uno de los cuatro países europeos que tienen embajada en Manama, la capital de Bahréin, y en el 2012 firmó un acuerdo de colaboración en materia de inteligencia y entrenamiento militar. Pero no solo. En 2014, cuando la familia real organizó la primera elección del Parlamento-farsa, todos se alegraron. Ahora, ese mismo Parlamento se apresura a certificar la transformación del país de una dictadura a una dictadura clerical-militar.

Ciertamente, los árabes del Golfo Pérsico tienen un gran sentido del humor: Mansour al-Mansour, llamado “el carnicero”, el juez militar de Bahréin que se encargó de la mayor parte de los procesos contra los opositores de acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno de salvación nacional y que firmó por lo menos cinco penas de muerte, fue elegido por Arabia Saudita como presidente de la comisión que debe investigar, en nombre de los saudíes, los crímenes de guerra cometidos por los propios saudíes en la guerra en Yemen contra los rebeldes Houthi.

(Fuente: Gli Occhi Della Guerra)

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